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Sheinbaum responde a Lilly Téllez: rechaza amenazas y desafuero

La presidenta consideró inapropiada la solicitud de Téllez a Estados Unidos

La reciente polémica entre la senadora del PAN, Lilly Téllez, y la presidenta Claudia Sheinbaum ha encendido nuevamente el debate político en torno a la libertad de expresión, el papel de los legisladores y los límites de las declaraciones públicas en contextos internacionales.

Luego de que Téllez afirmara en entrevista con la cadena estadounidense Fox News que teme por su vida y acusara al gobierno federal de amenazarla con retirarla del Senado y encarcelarla, la presidenta salió al paso para rechazar tales señalamientos. Durante su conferencia matutina del 25 de agosto, Claudia Sheinbaum desestimó por completo la posibilidad de un desafuero, aclarando que su administración no persigue opositores ni busca silenciar voces críticas.

Sin embargo, Sheinbaum fue enfática en señalar que no se puede normalizar que un senador mexicano solicite la intervención de otro país en los asuntos internos, y aunque evitó referirse a ello como traición o delito, sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué piensan y qué dicen sus representantes en el extranjero.

La mandataria hizo un llamado a no caer en el juego de la victimización, y recordó que, a diferencia de gobiernos anteriores, su administración no recurre a mecanismos de represión política. En sus palabras, lo que está en juego no es solo una diferencia de opiniones, sino la defensa de la soberanía nacional frente a discursos que podrían debilitarla.

Por su parte, Lilly Téllez sostiene que sus denuncias sobre la presencia del crimen organizado en México han desatado represalias desde la Presidencia, y aseguró sentirse en peligro tras lo dicho en medios internacionales. A su juicio, existe un intento de silenciar su voz crítica en temas de seguridad y cooperación internacional.

La controversia ha abierto nuevamente la discusión sobre los límites del discurso político, la responsabilidad de los funcionarios públicos y el equilibrio entre la crítica legítima y el daño a la imagen del país. Por ahora, la Presidencia descarta cualquier acción legal contra la senadora, aunque no deja de marcar distancia con sus declaraciones.