Sheinbaum rechaza impuesto a remesas; lo considera violatorio e injusto
Comunidad migrante podría perder hasta 100 mil millones de dólares en poder adquisitivo
El Gobierno de México manifestó su firme oposición a una propuesta legislativa impulsada por el Partido Republicano en Estados Unidos, que busca aplicar un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esta medida representa una violación al tratado bilateral para evitar la doble tributación, en vigor desde 1994, y subrayó que afecta de manera directa a la comunidad mexicana en el país vecino.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum informó que su administración ha iniciado una serie de acciones diplomáticas y legislativas para frenar la iniciativa, que próximamente será evaluada por el Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes estadounidense. En este contexto, se han enviado comunicaciones formales al gobierno de Estados Unidos y se prevé que una delegación mexicana, integrada por el embajador y senadores de distintas fuerzas políticas, viaje a Washington para dialogar con congresistas y exponer el rechazo del Estado mexicano.
Además del impacto legal, la presidenta advirtió sobre las consecuencias económicas de esta iniciativa. De acuerdo con estimaciones oficiales, un gravamen de este tipo podría reducir el poder adquisitivo de la comunidad mexicana en Estados Unidos en hasta 100 mil millones de dólares, lo que también tendría efectos negativos en la economía estadounidense.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, recordó que las remesas enviadas a México durante 2024 alcanzaron los 64,700 millones de dólares, de los cuales el 97% provienen de Estados Unidos, y aclaró que estos recursos ya han sido gravados previamente, con tasas que oscilan entre el 10% y 13%. En este sentido, calificó el impuesto como una forma de doble tributación, lo que contraviene tanto la legislación internacional como la de Estados Unidos.
En el ámbito diplomático, el canciller Juan Ramón de la Fuente explicó que se han intensificado los contactos con legisladores y organizaciones civiles estadounidenses para hacer patente la oposición unánime del gobierno mexicano y de todas las fuerzas políticas. El funcionario calificó la propuesta como una medida carente de fundamentos y señaló que no responde a criterios de equidad.
