Saúl Huerta suma otra condena por violación
El caso de Huerta tomó relevancia nacional desde agosto de 2021, cuando fue detenido en la colonia Roma de la Ciudad de México
El exdiputado federal Saúl Huerta fue sentenciado a 22 años más de prisión, esta vez por la violación de un menor de edad, con lo que su condena total asciende ya a 47 años por delitos sexuales cometidos contra adolescentes. Esta nueva resolución judicial, dictada por un tribunal en la Ciudad de México, se suma a dos condenas anteriores y refleja la gravedad de los cargos que sigue enfrentando.
El nuevo fallo está relacionado con un caso particularmente delicado: un menor que fue víctima de agresión sexual y amenazas por parte del exlegislador. Ante el temor por su integridad, el joven se vio obligado a abandonar México y buscar refugio en Estados Unidos. Su testimonio y las pruebas que presentó resultaron fundamentales para que se dictara la sentencia más reciente.
Con esta tercera condena, la figura de Huerta se consolida como uno de los casos más alarmantes de abuso de poder en el ámbito político reciente. La primera pena que recibió fue en 2023, cuando se le condenó a tres años y cuatro meses por abuso sexual. Ese mismo año, en noviembre, se le sumaron otros 22 años tras ser hallado culpable de violar a un joven identificado como Osvaldo.
El caso de Huerta tomó relevancia nacional desde agosto de 2021, cuando fue detenido en la colonia Roma de la Ciudad de México. A raíz de su arresto, salieron a la luz más víctimas y se abrieron nuevas investigaciones, revelando un patrón de conducta que se habría extendido durante varios años. Desde entonces, las autoridades han ejecutado múltiples órdenes de aprehensión en su contra y continúan analizando su actuación durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario público.
Pese a las condenas ya impuestas, el proceso judicial aún no ha concluido. Huerta sigue bajo investigación por al menos cinco denuncias adicionales, presentadas por otras posibles víctimas. Esto implica que podría enfrentar nuevas sentencias en los próximos meses, conforme avancen los juicios pendientes.
El caso sigue generando indignación en la opinión pública y mantiene a la sociedad civil vigilante, no solo por la gravedad de los delitos, sino por el perfil del agresor: un exlegislador que ocupó cargos de representación popular. Diversos colectivos y defensores de derechos humanos han insistido en la importancia de llevar cada proceso hasta las últimas consecuencias, y en garantizar justicia para todas las víctimas.
