Presunta red de sobornos detrás del uso ilegal de Pegasus

A seis años del término del gobierno de Enrique Peña Nieto, nuevas revelaciones apuntan a una supuesta trama de corrupción internacional ligada al espionaje ilegal en México. Documentos judiciales israelíes sugieren que el expresidente priista habría recibido hasta 25 millones de dólares a cambio de facilitar la operación del software Pegasus en el país, un sistema de espionaje utilizado de forma encubierta contra periodistas, activistas, empresarios y políticos.

Los detalles salieron a la luz tras un conflicto legal entre dos empresarios israelíes que anteriormente fueron socios en la comercialización de Pegasus. En su disputa, uno de ellos expuso que los recursos invertidos no solo fueron para promover el software, sino también para conseguir favores políticos al más alto nivel del gobierno mexicano. Esta acusación quedó plasmada en documentos presentados ante un tribunal civil en Jerusalén, luego de que el caso escalara desde una instancia de arbitraje religioso.

Aunque los documentos no mencionan directamente a Peña Nieto por su nombre, la referencia a figuras clave del poder mexicano bajo seudónimos como “el hombre mayor” o “el N” deja entrever claramente su identidad. Según estos registros, el pago de sobornos habría sido una estrategia para asegurar contratos con dependencias mexicanas como la Secretaría de la Defensa Nacional, la entonces Procuraduría General de la República y el extinto Cisen.

Estas revelaciones refuerzan las sospechas de que la corrupción no fue un fenómeno aislado durante el peñismo, sino un sistema estructurado desde la cúpula del poder. De acuerdo con investigaciones anteriores, Peña Nieto habría dado instrucciones directas sobre a quién espiar, lo cual incluiría a personajes de alto perfil como Carmen Aristegui, Carlos Slim y Andrés Manuel López Obrador, en su momento candidato presidencial.

El uso de Pegasus —una herramienta que debió haberse utilizado para combatir al crimen organizado— habría sido desviado para fines políticos y personales, convirtiéndose en un mecanismo de persecución. Si se confirman los señalamientos, el escándalo no solo implicaría actos de corrupción, sino también violaciones graves a los derechos humanos.

Peor aún, el expresidente continúa sin enfrentar consecuencias judiciales. Desde su residencia en España, se ha limitado a descalificar las acusaciones por medio de comunicados en redes sociales, mientras las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos siguen congeladas en las fiscalías mexicanas.

Este nuevo episodio sugiere que la presidencia de Peña Nieto habría sido usada como plataforma para hacer negocios privados a costa del erario público, en colaboración con intereses extranjeros, y con un aparato de impunidad que permanece intacto hasta hoy.