Periodistas salvadoreños denuncian represión bajo el gobierno de Bukele

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha alertado sobre un incremento en la persecución contra medios independientes y defensores de derechos humanos bajo la administración del presidente Nayib Bukele. Según la organización, el mes de mayo ha estado marcado por actos de criminalización y hostigamiento, dirigidos especialmente a quienes ejercen una labor crítica frente al poder.

Durante un pronunciamiento reciente, la APES señaló que las instituciones del Estado, como la Fiscalía y la Policía Nacional Civil, están siendo utilizadas para silenciar voces incómodas, lo cual genera un ambiente de temor e incertidumbre. La organización instó a las autoridades a detener la persecución y respetar el derecho a informar y opinar libremente.

La advertencia de los periodistas se da en un contexto en el que organismos internacionales también han denunciado un aumento en la represión política en El Salvador. En las últimas semanas, se han registrado detenciones de abogados, activistas y personas vinculadas a organizaciones no gubernamentales, lo cual ha sido interpretado como parte de una estrategia para debilitar a la sociedad civil.

Uno de los puntos más polémicos es la aprobación legislativa de una nueva ley que obliga a las organizaciones no gubernamentales a registrarse como “agentes extranjeros”. Esta norma, impulsada por el Ejecutivo, también establece un impuesto del 30 % a las donaciones recibidas desde el extranjero, lo cual podría dificultar gravemente el trabajo de estas entidades.

De acuerdo con datos de la APES, más de una docena de personas han abandonado el país recientemente por temor a detenciones arbitrarias. Este fenómeno refleja el nivel de presión que enfrentan quienes ejercen su labor fuera del control estatal.

A pesar de las crecientes críticas nacionales e internacionales, el presidente Bukele mantiene altos niveles de popularidad, principalmente por los resultados de su política de seguridad, que ha logrado una significativa reducción de los homicidios vinculados a pandillas. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la disminución de la violencia no debe justificar la eliminación de libertades fundamentales.