La Monarquía Británica y sus privilegios feudales: The Sunday Times

La familia real británica sigue siendo una de las instituciones más ricas y poderosas del mundo, manteniendo una fortuna que, en gran parte, proviene de estructuras feudales heredadas. Una reciente investigación publicada por The Sunday Times y Channel 4 ha desvelado las sorprendentes fuentes de riqueza que continúan alimentando a la monarquía, destacando, entre otros aspectos, el derecho del príncipe William a reclamar propiedades de personas fallecidas sin herederos, un privilegio medieval conocido como “bona vacantia”. Esta prerrogativa, junto a otros derechos históricos, sigue permitiendo a los miembros de la familia real acumular fortunas considerables, lo que levanta dudas sobre la justicia de tales prácticas en pleno siglo XXI.

Las raíces de la riqueza de la familia real británica se remontan a siglos pasados. Los ducados de Lancaster y Cornualles, que suman más de 180.000 acres de tierras, fueron adquiridos por la Corona durante la invasión normanda en los siglos XI y XII. Aunque formalmente cedidos al Tesoro en el siglo XVIII, estos vastos dominios han sido gestionados por la familia real como parte de su patrimonio privado, asegurando un flujo constante de ingresos. Actualmente, el control sobre más de 5.000 propiedades permite a los monarcas y sus descendientes generar riqueza de manera opaca, sin ofrecer detalles claros sobre los beneficios generados por estos activos.

A pesar de que el rey Carlos III y el príncipe William gestionan estos bienes con total autonomía, la financiación pública sigue siendo un pilar fundamental en la vida de la monarquía. La subvención soberana, que proviene directamente de los impuestos de los ciudadanos británicos, cubre el mantenimiento de los palacios reales y los gastos de representación de la familia real, generando una paradoja: una institución con acceso a vastas riquezas históricas sigue dependiendo de los fondos públicos para sostener sus actividades. Esto lleva a la reflexión sobre si es ético que una familia con semejante poder económico continúe recibiendo apoyo del Estado.

El sistema fiscal de la monarquía es otro punto de controversia. Aunque tanto el rey Carlos III como su heredero, el príncipe William, pagan impuestos de manera voluntaria, no están obligados por ley a hacerlo. Este hecho crea una diferencia notable entre la carga fiscal que soportan los ciudadanos comunes y los monarcas, quienes, a pesar de sus ingresos multimillonarios, siguen siendo considerados excepciones en el sistema tributario británico.

Un aspecto particularmente llamativo es la prerrogativa de “bona vacantia”, que le permite al príncipe William reclamar las propiedades de personas fallecidas sin herederos. Aunque este derecho medieval, que aún está vigente, se utiliza en ocasiones para fines benéficos, su existencia plantea serias dudas sobre la transparencia de la acumulación de riqueza por parte de la familia real, permitiéndole a esta perpetuar su fortuna de manera discreta.

Además, el estrecho vínculo entre la familia real y diversas organizaciones benéficas añade otra capa de complejidad al sistema económico que rodea a la monarquía. Entidades de renombre, como Macmillan Cancer Support y Marie Curie, alquilan propiedades del ducado mientras reciben el apoyo de la propia familia real. Esto da pie a cuestionamientos sobre el poder que mantiene la monarquía sobre estas instituciones y si este modelo contribuye a fortalecer su riqueza y estatus social.

La continuidad de estos privilegios medievales en una monarquía moderna refleja una estructura económica desigual que favorece a unos pocos a expensas de muchos. Mientras la sociedad británica enfrenta desafíos de desigualdad y lucha por avanzar hacia una mayor justicia social, la familia real sigue siendo un símbolo de un sistema económico que, a pesar de los avances, se mantiene anclado a las dinámicas feudales.

En tiempos de creciente debate sobre la equidad y la distribución de la riqueza, la familia real británica representa un caso paradigmático de cómo las estructuras de poder heredadas siguen beneficiando a una élite mientras se perpetúan las desigualdades económicas. La falta de transparencia y las prácticas fiscales privilegiadas sugieren que, lejos de desprenderse de su pasado, la monarquía sigue sosteniéndose sobre principios que muchos consideran anacrónicos en una sociedad que aspira a ser más igualitaria.