La Corte Suprema de EE. UU. desestima demanda de México contra fabricantes de armas

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó de forma unánime la demanda presentada por el Gobierno de México en contra de ocho fabricantes de armas estadounidenses, en la que se les acusaba de facilitar el tráfico de armas hacia territorio mexicano y con ello agravar la crisis de violencia generada por los cárteles de la droga.

La resolución, firmada por la jueza Elena Kagan, sostiene que el gobierno mexicano no logró demostrar con suficiente solidez que las empresas armamentistas hayan tenido una participación directa o deliberada en el tráfico ilegal de armas, ni que sus prácticas comerciales puedan considerarse como instigadoras de dichas actividades criminales. La Corte se amparó en una ley federal que blinda legalmente a los fabricantes de armas frente a demandas por crímenes cometidos con sus productos.

El caso, identificado como Smith & Wesson Brands, Inc. vs. Estados Unidos Mexicanos, comenzó en 2021 cuando el gobierno mexicano presentó la demanda alegando que compañías como Smith & Wesson habían promovido armas de alto poder de forma irresponsable, favoreciendo así su desvío al crimen organizado. Aunque inicialmente fue desechado por un tribunal de primera instancia, una corte de apelaciones en Boston lo revivió en 2024, al considerar que podía proceder bajo ciertas excepciones legales.

El fallo unánime de 9-0 revierte esa decisión de la corte inferior, lo que significa un golpe contundente a las aspiraciones legales del gobierno mexicano por responsabilizar a las compañías estadounidenses por la violencia armada que afecta al país.

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se había insistido en que las empresas conocían el destino final de muchas de sus armas, y que aún así priorizaron las ganancias por encima del impacto social que esto genera. La demanda también criticaba el diseño y mercadeo de armas que evocaban equipos de uso militar, lo que, según México, las volvía más atractivas para los grupos criminales.

En contraste, los fabricantes de armas defendieron la legalidad de sus productos y operaciones, subrayando que no pueden ser responsabilizados por el uso ilícito que terceros hagan de sus armas.

México sostiene que al menos el 70% de las armas involucradas en delitos dentro del país provienen de Estados Unidos, y que el tráfico de estas armas genera pérdidas humanas y materiales que superan los 250 millones de dólares anuales.

Este revés judicial representa un freno significativo a la estrategia legal del gobierno mexicano para frenar el flujo de armas desde el norte, un fenómeno que ha alimentado la violencia interna durante décadas.