Gobierno de Puebla protege a Maricarmen, víctima de violencia ejercida por ex alcalde
El caso revela cómo el poder político en municipios pequeños puede obstaculizar el acceso a la justicia para las víctimas
El Gobierno del Estado de Puebla brindó asilo y respaldo jurídico a Maricarmen Paredes, una docente originaria de Tlacuilotepec, quien denunció haber sido víctima de violencia por parte de su expareja, Osvaldo Guzmán Sánchez, exalcalde de ese municipio serrano.
La historia de Maricarmen salió a la luz durante una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum y posteriormente en un evento público encabezado por el gobernador Alejandro Armenta en Xicotepec. Ahí, la maestra pidió ayuda directamente al mandatario poblano, relatando más de una década de agresiones físicas, emocionales y amenazas, no solo contra ella, sino también hacia su hija.
Tras el primer contacto, el gobernador instruyó a que la víctima fuera atendida por personal de la Fiscalía General del Estado a través de la Casa Carmen Serdán en Huauchinango. Posteriormente, se dispuso su traslado a la ciudad de Puebla, donde permanecerá bajo resguardo para garantizar su integridad.
Maricarmen denunció que su agresor ha utilizado recursos económicos para frenar el avance de las investigaciones. Según su testimonio, el exedil habría desembolsado una fuerte suma de dinero para obtener un amparo y evitar ser procesado, aprovechando presuntamente sus vínculos políticos y el poder que ha mantenido durante años en su municipio.
La respuesta del Gobierno del Estado incluyó el compromiso de ofrecerle un nuevo centro de trabajo en la capital, con apoyo de la Secretaría de Educación Pública. Esta medida busca no solo protegerla, sino también asegurarle un entorno libre de violencia lejos de Tlacuilotepec, donde su permanencia implicaba un alto riesgo, dado que el municipio es gobernado actualmente por Alejandro Guzmán, padre del señalado agresor. Ambos han ocupado intermitentemente el cargo de presidente municipal durante las últimas dos décadas.
El mandatario estatal expresó que este caso debe servir como un llamado a no silenciar ningún tipo de violencia desde el ámbito familiar, subrayando la obligación del gobierno de actuar como garante de justicia y protección para las víctimas.
