
Despliegue militar en Los Angeles: 134 millones de dólares para contener protestas migrantes
El gobernador Newsom denuncia invasión federal y pide diálogo frente a la militarización de Los Angeles
Los Ángeles enfrenta un masivo despliegue de fuerzas militares federales tras una orden del presidente Donald Trump, quien autorizó el envío de más de 4,700 elementos de la Guardia Nacional y Marines para controlar las manifestaciones provocadas por operativos migratorios del ICE en comunidades latinas. Este operativo, con una duración mínima de 60 días, representa un gasto aproximado de 134 millones de dólares.
El gobernador de California, Gavin Newsom, rechazó categóricamente la presencia de estas tropas, señalando que la administración federal actuó sin su consentimiento, calificando la acción como una invasión a la soberanía estatal. Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, manifestó que la solución debe centrarse en el diálogo con la comunidad y no en la imposición de un control militar.
Las protestas se originaron tras varias redadas masivas realizadas por el ICE en barrios predominantemente migrantes. Diversas organizaciones civiles y líderes sociales han denunciado abusos, detenciones arbitrarias y la falta de procesos legales adecuados durante estas acciones. En respuesta, el presidente Trump defendió la medida alegando que la ciudad estaba sumida en un “caos absoluto” y señaló a los manifestantes como provocadores, aunque se ha comprobado que su afirmación sobre una solicitud de apoyo federal por parte del gobernador Newsom fue falsa.
Los medios han reportado escenas de fuerte represión, incluyendo el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones sin justificación clara. También se han registrado ataques contra periodistas y limitaciones al trabajo de la prensa, lo que ha generado preocupación por un posible aumento en la tendencia autoritaria en el manejo de protestas.
Especialistas en política y derechos humanos advierten que esta intervención militar no solo implica un elevado costo económico, sino que también tiene un impacto social y político considerable, especialmente en un año electoral. La estrategia de Trump busca posicionarse como garante del “orden y la fuerza”, pero a costa de profundizar la división y el malestar en comunidades vulnerables.
