Continúa el saqueo ilegal de agua en Cuautlancingo sin respuesta firme del gobierno local
Pozos clandestinos siguen operando en Cuautlancingo sin regulación ni sanciones por parte del ayuntamiento actual
A pesar de la renovación del gobierno municipal en Cuautlancingo desde octubre de 2024, la actividad ilegal de extracción de agua no solo no ha cesado, sino que parece haberse consolidado en distintas zonas del municipio. Bajo la administración del presidente municipal Omar Muñoz, vecinos y organizaciones sociales denuncian la falta de acciones contundentes para frenar una práctica que afecta directamente a la población, tanto por el desabasto como por el deterioro de la infraestructura local.
Uno de los puntos más críticos es la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, donde se han identificado varios pozos abiertos sin autorización en el último año. De ellos se extrae diariamente agua que es transportada en decenas de pipas, generando preocupación entre los habitantes debido a la disminución progresiva del acceso al líquido en zonas que, hasta hace poco, no sufrían escasez.
Residentes de la zona han manifestado su malestar por el constante tránsito de camiones cisterna, que además de contribuir al desabasto, están causando daños visibles a las calles y caminos locales. Aunque los señalamientos ciudadanos han sido reiterados, las autoridades municipales no han informado públicamente sobre operativos o medidas que apunten a la clausura de estos puntos de extracción o al castigo de los responsables.
El problema no se limita a una sola zona. En otras comunidades como La Trinidad Chautenco, también se registran actividades similares sin que haya claridad sobre la legalidad de los pozos en funcionamiento. Este panorama se agrava si se toma en cuenta que uno de los principales pozos de abastecimiento del municipio se encuentra prácticamente agotado, según reportes técnicos. A pesar de ello, la operación de fuentes irregulares continúa sin interrupción aparente.
Habitantes y representantes de colectivos vecinales han insistido en que el gobierno de Omar Muñoz revise las concesiones vigentes, fortalezca los mecanismos de vigilancia y garantice un suministro justo y legal. No obstante, hasta el momento, las respuestas institucionales han sido parciales o insuficientes, lo que alimenta el malestar ciudadano y genera sospechas sobre una posible permisividad –o falta de voluntad– para enfrentar a los actores que lucran con un recurso vital.
El costo por pipa, que puede superar los 600 pesos en algunos casos, ha convertido esta actividad en un negocio lucrativo que se mantiene a costa del bienestar de miles de personas que, cada vez con mayor frecuencia, deben enfrentarse a la incertidumbre del acceso al agua potable.
