Brasil refuerza medidas contra Bolsonaro con tobillera electrónica y duras restricciones
Donald Trump reaccionó al juicio con nuevas sanciones comerciales a Brasil
Jair Bolsonaro deberá portar un dispositivo de rastreo y cumplir estrictas condiciones judiciales mientras enfrenta un proceso por presunta participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. La decisión fue tomada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, en el marco de un caso considerado clave para la democracia del país.
Entre las medidas impuestas por la corte destacan la prohibición de usar redes sociales, salir de su residencia durante la noche, acercarse a embajadas o comunicarse con otros involucrados en la investigación, incluidos miembros de su propia familia.
El expresidente brasileño, visiblemente molesto por la resolución judicial, calificó la situación como una humillación, luego de que agentes de la Policía Federal instalaran el dispositivo electrónico en su domicilio en Brasilia. Durante el operativo, también se realizaron allanamientos en la sede de su partido.
La decisión fue dictada por el juez Alexandre de Moraes, quien lidera el caso y sostuvo que las acciones de Bolsonaro y su entorno más cercano representan graves amenazas al orden institucional. Según el magistrado, existen indicios sólidos de que el exmandatario buscó obstruir la justicia y ejercer presión indebida sobre el sistema legal, incluyendo intentos de colaboración internacional para dañar instituciones brasileñas.
Uno de los elementos que más tensión ha generado es la implicación de su hijo, Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos y ha sido señalado en una línea paralela de investigación por supuestamente colaborar en estrategias internacionales contra figuras del gobierno brasileño. El tribunal también prohibió cualquier contacto entre ambos, lo que fue duramente criticado por la familia Bolsonaro.
En el plano internacional, el expresidente estadounidense Donald Trump expresó abiertamente su rechazo al juicio contra Bolsonaro, calificándolo de injusto y advirtiendo que ha adoptado represalias comerciales, como el aumento de aranceles a productos brasileños, en señal de protesta.
La tensión ha escalado también dentro del Congreso brasileño. Legisladores afines al expresidente calificaron las acciones judiciales como una persecución política, asegurando que el caso busca silenciar a la oposición conservadora.
Desde el Ministerio Público, el fiscal general Paulo Gonet presentó un informe contundente ante el Supremo Tribunal, donde argumenta que Bolsonaro actuó de forma sistemática para erosionar la democracia antes y después de perder las elecciones, señalándolo como uno de los principales responsables de incitar el caos institucional.
El juicio está previsto para continuar entre agosto y septiembre. Aunque existen presiones externas, una fuente del Supremo aseguró que el proceso se mantendrá independiente y no se verá afectado por intereses internacionales. Por ahora, el expresidente mantiene su postura de víctima política, reforzando el discurso de persecución judicial que ha adoptado en los últimos meses.
