Avanza iniciativa para prohibir tauromaquia y peleas de gallos en Puebla
Algunos legisladores consideran innecesarios los foros ciudadanos, sugiriendo que el análisis técnico debe guiar la decisión legislativa
Una propuesta legislativa para prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos en el estado de Puebla ha comenzado a avanzar en el Congreso local, generando una polarización de opiniones entre los distintos grupos parlamentarios.
La iniciativa, impulsada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), busca reformar tanto el Código Penal como la Ley de Bienestar Animal estatal, con el objetivo de sancionar con penas de hasta cinco años de cárcel a quienes organicen o participen en este tipo de espectáculos. Presentada en noviembre de 2024 por el coordinador del Verde, Jimmy Natale Uranga, la propuesta ha sido respaldada por legisladores de su bancada, como Guadalupe Vargas, quien ha señalado que estos eventos representan una forma de violencia inadmisible hacia los animales, que no puede justificarse bajo argumentos culturales o tradicionales.
Sin embargo, no todos en el Congreso comparten esta visión. Desde el Partido del Trabajo, el diputado Mauricio Céspedes Peregrina —quien también preside la Comisión de Procuración y Administración de Justicia— ha expresado su inquietud respecto a las posibles repercusiones económicas de la medida. Considera necesario analizar con detenimiento el impacto que tendría sobre los empleos y la economía de quienes dependen directamente de esta industria.
Céspedes ha advertido que, aunque no descarta que la discusión continúe en el próximo periodo ordinario de sesiones, el Congreso tiene otras prioridades inmediatas, entre ellas el fortalecimiento del sistema de procuración de justicia. También ha expresado reservas sobre la conveniencia de realizar foros ciudadanos para discutir el tema, pues teme que estos espacios puedan ser aprovechados con fines políticos, desviando el objetivo central de la iniciativa. En su lugar, ha propuesto que el análisis se base en criterios técnicos y jurídicos, bajo el trabajo de las comisiones competentes.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en revisión dentro de las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, así como de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, donde se evalúa su viabilidad legal y social.
