Gobierno de Sheinbaum acusa a jueces de beneficiar a criminales: más de 100 liberaciones en lo que va del sexenio

Durante la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional, el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, lanzó fuertes críticas al actuar de ciertos jueces del Poder Judicial, acusándolos de emitir resoluciones que han favorecido a miembros de organizaciones criminales. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue quien presentó públicamente los señalamientos.

Según Harfuch, desde que comenzó la actual administración, se han registrado 193 resoluciones judiciales que han permitido liberar, trasladar o modificar las condiciones de reclusión de personas acusadas de delitos graves. De estas, más de 100 personas que enfrentaban cargos relacionados con el crimen organizado han vuelto a las calles, muchas veces pese a que las autoridades penitenciarias consideraban inviable su egreso por representar un alto riesgo.

Uno de los casos que más preocupan al gobierno federal es el del juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México. De acuerdo con Harfuch, este juez ha sido responsable de decisiones que facilitaron la salida de reos vinculados a delitos como delincuencia organizada, corrupción, lavado de dinero y peculado. Uno de los ejemplos más graves fue el traslado de Gerardo Ponce Alanís, presunto miembro del Cártel de Sinaloa, a un penal estatal de menor seguridad, donde posteriormente se encontraron armas, drogas y dinero.

Otro caso que generó polémica fue la liberación de Mario Alberto Cárdenas Medina, familiar de un exlíder del Cártel del Golfo, así como la resolución a favor de Juan Enrique “N”, presunto operador de una facción del mismo cártel, a quien se le retiró la vinculación a proceso. También se destacó la revocación de la prisión preventiva contra José Alfredo “N”, otro pariente del mismo grupo criminal.

La Fiscalía General de la República, dirigida por Alejandro Gertz Manero, ya había anunciado acciones penales contra Salazar Hernández desde diciembre pasado. Sin embargo, Harfuch advirtió que este caso no es único. Señaló también a otros jueces de estados como Guanajuato y Sonora, quienes han emitido decenas de resoluciones que permitieron traslados o cambios de medida cautelar a personas vinculadas a delitos como secuestro o corrupción de menores.

Según los datos presentados por el secretario, solo en los últimos siete meses, 26 integrantes de distintos cárteles —incluidos el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, Los Zetas y Los Rojos— han sido liberados gracias a estas decisiones judiciales.

Frente a este panorama, Harfuch defendió la labor de las fuerzas de seguridad y afirmó que, a pesar de estos retrocesos, la Estrategia Nacional de Seguridad ha logrado más de 20 mil detenciones por delitos de alto impacto, así como el aseguramiento de 154 toneladas de droga y más de 10 mil armas de fuego.

Estas declaraciones profundizan la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, en un contexto en el que la confianza ciudadana en las instituciones de justicia se ve cada vez más comprometida.