
Claudia Sheinbaum defiende reforma judicial y critica modelo de Zedillo
La mandataria consideró que este nuevo esquema representa un cambio sustancial, al pasar de decisiones tomadas por una élite política a un mecanismo de participación popular
Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un enérgico señalamiento sobre la manera en que, durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo, se realizaban las designaciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Según explicó, en aquel entonces, el presidente de la República tenía la facultad de influir decisivamente en la integración del Poder Judicial, lo que, desde su perspectiva, representaba una concentración excesiva de poder en manos del Ejecutivo.
Sheinbaum contrastó ese modelo con el proyecto impulsado por su administración, el cual contempla una transformación profunda del proceso de selección de jueces, magistrados y ministros, al abrirlo por primera vez al voto directo de la ciudadanía. Este cambio, promovido por la Cuarta Transformación, será puesto en práctica en las elecciones previstas para el 1° de junio.
La mandataria consideró que este nuevo esquema representa un cambio sustancial, al pasar de decisiones tomadas por una élite política a un mecanismo de participación popular. Destacó que esta reforma busca romper con una herencia institucional en la que pocos decidían por muchos, aludiendo directamente a la legislación aprobada durante la administración de Zedillo, que estableció reglas que permitían al presidente influir en la elección de los ministros cuando el Senado no lograba consenso.
Aunque la reforma ha generado controversia en sectores académicos y políticos —quienes alertan sobre el riesgo de politizar al Poder Judicial—, el gobierno federal sostiene que se trata de una medida necesaria para democratizar la justicia y acercar al Poder Judicial al pueblo.
Con este posicionamiento, la presidenta refuerza su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación, defendiendo el derecho del pueblo a decidir directamente sobre los integrantes de uno de los poderes clave del Estado mexicano.
