
Sheinbaum Ordena Investigación por Sobornos de “El Mayo” Zambada a Funcionarios de México y EE.UU.
FGR analiza si México puede reclamar parte de la sanción económica impuesta a Zambada
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno solicitará una investigación formal sobre los presuntos sobornos que Ismael “El Mayo” Zambada habría entregado durante más de 40 años a funcionarios de alto nivel en México y Estados Unidos.
El anuncio surge tras las recientes declaraciones del líder del Cártel de Sinaloa en una corte estadounidense, donde reconoció haber entregado pagos ilegales a políticos y policías, hechos que coinciden con la sanción histórica de 15 mil millones de dólares impuesta por el gobierno de EE.UU. contra el narcotraficante.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reiteró el compromiso de su administración con una política de tolerancia cero a la corrupción, asegurando que no se permitirá ninguna relación entre autoridades y el crimen organizado. La mandataria sostuvo que todo acto de colusión con grupos delictivos debe ser investigado, independientemente del país o el nivel del funcionario implicado.
En el mismo evento, la presidenta hizo referencia a los señalamientos de la DEA, que equiparó a Zambada con otros capos del narcotráfico, incluyendo al exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Sheinbaum subrayó que este señalamiento coloca al exfuncionario mexicano al mismo nivel que personajes como Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo que —según ella— debería ser motivo de reflexión entre quienes antes defendían ese tipo de administraciones.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, explicó que la sanción económica impuesta a Zambada fue determinada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Informó además que la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra analizando la posibilidad de que México pueda reclamar una parte del resarcimiento económico como medida de reparación del daño causado por las actividades delictivas del capo.
Con estas declaraciones, el gobierno federal busca dejar en claro que no existe impunidad para funcionarios involucrados en redes de corrupción con el narcotráfico, y que las investigaciones se impulsarán tanto a nivel nacional como internacional.
