La Suprema Corte enfrenta un cambio histórico con crítica a la reforma judicial de 2024

El próximo primero de septiembre marcará el fin de un ciclo de 30 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el inicio de uno nuevo, en medio de una fuerte polémica por la reciente reforma judicial impulsada por el gobierno actual.

El ministro Javier Laynez Potisek, quien se retira este mes tras tres décadas de servicio, ha defendido el legado del máximo tribunal, reconociendo que la reforma constitucional de 1994 impulsada por Ernesto Zedillo fortaleció el papel de la Corte como tribunal constitucional. Sin embargo, considera que la reforma de 2024 es un retroceso grave que pone en riesgo la carrera judicial y busca imponer una Corte alineada con intereses políticos. Según Laynez, esta medida podría representar un “error histórico” para México y afectar gravemente al país.

En entrevista desde su oficina, el ministro explicó que no actúa desde una postura opositora, sino desde la convicción de que esta reforma afectará la independencia judicial. Incluso prevé que en el futuro, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana condenarán a México por estos cambios, lo que obligaría al Estado a reparar daños y compensar a cientos de jueces removidos.

Entre los logros que destaca de su gestión están las sentencias emblemáticas en temas de perspectiva de género, matrimonio igualitario, aborto, derechos laborales y regulación del cannabis. Sin embargo, reconoció que quedan pendientes casos importantes, como los juicios fiscales millonarios de Grupo Salinas, que no avanzaron debido a estrategias dilatorias de la defensa y replicadas por otras partes, incluso por el propio gobierno.

Laynez manifestó preocupación por el ambiente en la Corte ante la incertidumbre laboral que enfrentan los juzgadores. Destacó que la elección popular para seleccionar jueces y magistrados es incompatible con la imparcialidad técnica que debe prevalecer en estos cargos, ya que obliga a hacer campañas y establecer compromisos políticos, afectando la independencia judicial.

El ministro hizo un llamado a fortalecer un sistema basado en el mérito y evaluaciones rigurosas, rechazando la elección popular que, a su juicio, ha politizado la justicia. Además, relató brevemente cómo fue propuesto para ministro por Enrique Peña Nieto y su amplia trayectoria en cargos jurídicos durante cuatro sexenios.

En cuanto a la crítica pública sobre la corrupción dentro del Poder Judicial, negó que esta sea generalizada y aseguró que carece de un diagnóstico claro que lo pruebe, aunque reconoció la existencia de casos aislados.

El ministro también confirmó que dejará una Corte con más de mil asuntos pendientes, incluido el complejo caso de Grupo Salinas, cuya resolución ha sido obstaculizada por tácticas dilatorias tanto de particulares como del gobierno, situación que calificó de “chicanería”.

Sobre la entrega administrativa, Laynez aseguró que dejarán cuentas claras y un plan de riesgos para asegurar la operación del Poder Judicial, pero criticó la oposición dentro del pleno para nombrar a integrantes clave del Órgano de Administración Judicial, lo que puede afectar su funcionamiento desde el inicio de la nueva administración.

Finalmente, sobre la nueva Corte, Laynez prefirió no prejuzgar personalmente, aunque advirtió que el proceso electoral para elegir a los ministros puede comprometer su independencia, especialmente por la baja participación ciudadana y la alta cantidad de votos nulos. Destacó que, aunque los nuevos ministros fueron electos con millones de votos, la legitimidad política de esa elección es cuestionable y dependerá de que demuestren su autonomía en la práctica.