Alejandro “Alito” Moreno, en la mira por presunto desvío millonario en Campeche

La Fiscalía Anticorrupción de Campeche ha solicitado formalmente a la Cámara de Diputados retirar el fuero constitucional al actual dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, quien es investigado por peculado y uso indebido de funciones durante su mandato como gobernador (2015-2019).

De acuerdo con las investigaciones, el presunto desvío de recursos asciende a 83.5 millones de pesos, concentrados en diversas operaciones irregulares detectadas en varias dependencias estatales. La fiscalía ha judicializado al menos cuatro carpetas de investigación, en las que figuran no solo el exgobernador, sino también 17 excolaboradores, algunos de los cuales han colaborado con las autoridades bajo criterios de oportunidad.

Uno de los focos de la acusación recae sobre pagos por servicios simulados dentro de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Se habría facturado sin sustento por conceptos como alimentos y logística, utilizando presuntos prestanombres, lo que representa un monto de 27.2 millones de pesos sin comprobación documental.

Otro de los hallazgos incluye contratos otorgados a una empresa cuya actividad principal era la enseñanza de buceo, pero que fue beneficiada con servicios de asesoría jurídica y fiscal millonarios en la Administradora Portuaria Integral de Campeche (Apicam). Esta empresa fue contratada durante el periodo en que Moreno presidía también la Junta de Gobierno de dicha institución.

Además, se investiga un posible desvío de 14.1 millones de pesos en publicidad oficial que fue canalizada a través de Mayavisión, una televisora local vinculada a un empresario cercano al político priista. El mismo empresario estaría relacionado con la venta de un terreno donde se construyó la Plaza Colosio, un mercado de artesanías, cuya operación habría generado un perjuicio al erario por 18.2 millones de pesos al beneficiar a particulares.

La petición de retiro de fuero fue turnada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, y deberá ser evaluada por la Sección Instructora, órgano encargado de analizar la procedencia del juicio. De ser aprobada, permitiría que Moreno sea procesado sin inmunidad parlamentaria.

Hasta ahora, el senador no ha emitido comentarios sobre esta nueva etapa del caso. Sin embargo, en ocasiones anteriores ha sostenido que las acciones legales en su contra forman parte de una campaña con motivaciones políticas, lo que deja entrever un posible enfrentamiento institucional.

Esta situación no solo tensa el panorama interno del PRI, que ha cerrado filas en respaldo a su dirigente, sino que también plantea un reto para el Congreso, que se enfrenta al dilema de procesar el caso con rigor jurídico o abrirse a presiones partidistas. La acumulación de evidencia documental, testimonios judiciales y contratos sin respaldo coloca al Legislativo ante una decisión crítica en los próximos días.