Iberdrola en México: El interés privado detrás de una empresa cuestionada

La respuesta de Claudia Sheinbaum Pardo ante las versiones difundidas en la prensa española sobre una posible salida de Iberdrola del mercado mexicano pone en evidencia un conflicto mucho más profundo que la simple supuesta “falta de certeza jurídica”. La empresa española, que posee activos por casi 4,700 millones de dólares en el país, lleva años operando bajo un esquema de autoabasto ilegal que ha sido un tema de controversia. Pero lo que la presidenta Sheinbaum no menciona de forma directa es la complicidad y los intereses privados que permiten que Iberdrola haya operado durante tanto tiempo al margen de la ley.

Desde que Iberdrola inició sus operaciones en México en la década de los 90, la compañía se benefició de una relación privilegiada con gobiernos pasados, particularmente con los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ambos exmandatarios, a pesar de sus discursos sobre apertura de mercados y competitividad, fomentaron un modelo energético que permitió la proliferación de sociedades de autoabasto. Este esquema, legalmente cuestionable, permitió que Iberdrola y otras empresas energéticas generaran electricidad para su propio consumo y, en muchos casos, vendieran el excedente de energía a precios reducidos, sin pagar lo correspondiente por el uso de las líneas de transmisión de la CFE.

Bajo la administración de Felipe Calderón, quien ahora tiene intereses vinculados con el sector energético privado, Iberdrola expandió sus operaciones en México de manera significativa. Fue bajo su gobierno que se impulsaron reformas que facilitaron la penetración de empresas extranjeras en el mercado energético mexicano. Peña Nieto, por su parte, continuó con este modelo, y aunque las reformas estructurales del sexenio de López Obrador han buscado revertir este enfoque, Iberdrola sigue gozando de un trato preferencial. Durante el sexenio de Peña Nieto, Iberdrola consolidó una presencia muy fuerte en el país, adquiriendo plantas estratégicas y expandiendo su red de distribución, todo esto sin asumir las consecuencias de operar en un marco legal ambiguo.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido claro en su intento por recuperar el control del sistema eléctrico, lo que se refleja en la Reforma Eléctrica aprobada por el Congreso. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones del presidente y su administración, Iberdrola continúa operando bajo una zona gris legal, utilizando el sistema de autoabasto para evitar pagar tarifas justas por el uso de infraestructura pública, una práctica que beneficia a pocos, pero perjudica al sistema eléctrico nacional y a la CFE.

Lo que parece ser un problema de “incertidumbre jurídica” para Iberdrola es, en realidad, una manifestación del colapso del modelo energético neoliberal impulsado por gobiernos anteriores, donde empresas como Iberdrola disfrutaban de una falta de regulación que les permitió actuar con impunidad. A pesar de las claras reformas propuestas por la administración de Sheinbaum para regularizar y poner en orden el mercado eléctrico, la resistencia de Iberdrola refleja sus propios intereses económicos y la protección de un sistema que históricamente ha favorecido a los grandes corporativos privados.

El retiro de Iberdrola de México, si llegara a ocurrir, no debe verse como una consecuencia de la “falta de certeza jurídica”, como argumentan algunos analistas cercanos a la empresa, sino más bien como una respuesta a la imposibilidad de seguir operando fuera de la ley y sin responder a las exigencias del país para que las empresas energéticas se apeguen a un marco legal más justo y transparente. Mientras tanto, la inversión privada en energía renovable, dentro del marco de la ley, sigue siendo una oportunidad para el sector privado en México.