Internacional

Los Ángeles refuerza defensa migrante frente a operativos federales sin aval local

La nueva directiva prohíbe usar fondos públicos para colaborar con ICE

Ante una serie de operativos migratorios sin coordinación con el gobierno local, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció nuevas acciones para proteger a las comunidades inmigrantes de la ciudad. La decisión surge como respuesta a un mes de redadas intensificadas que, según la administración local, han sido ejecutadas de forma desorganizada, sin transparencia y con despliegues de fuerza excesiva.

Uno de los eventos más alarmantes ocurrió recientemente en el Parque MacArthur, reconocido por su gran población centroamericana. Allí, elementos federales irrumpieron en un operativo con características militares: vehículos blindados, agentes encapuchados, caballería y hasta helicópteros del Departamento de Seguridad Nacional. Estas acciones no fueron notificadas ni aprobadas por el gobierno local.

Frente a este contexto, Bass firmó una orden ejecutiva que establece nuevas políticas para limitar la cooperación con autoridades migratorias federales. Entre los principales puntos destacan:

  • Prohibición del uso de recursos de la ciudad para apoyar redadas o detenciones migratorias.

  • Creación de una unidad especial dentro del LAPD para observar y responder a cualquier intervención sin coordinación oficial.

  • Ampliación de servicios legales y de asistencia humanitaria para las familias afectadas por las redadas.

  • Exigencia formal de transparencia a las agencias federales sobre la justificación y legalidad de sus operativos.

La alcaldesa expresó su rechazo frontal a lo que considera una estrategia del gobierno federal para intimidar a la población migrante e intervenir en la ciudad sin seguir los canales institucionales. También confirmó que el Ayuntamiento se ha unido a una demanda legal contra el Ejecutivo de Trump, argumentando que estas acciones violan principios constitucionales y se basan en discriminación por perfil racial.

La medida convierte a Los Ángeles en uno de los principales bastiones de resistencia contra la política migratoria federal, sumándose a otras ciudades que ya han llevado el conflicto a los tribunales. Para Bass, la prioridad es proteger los derechos civiles y la seguridad de miles de familias trabajadoras, más allá de los vaivenes políticos nacionales.