Empresarios mexicanos financiaron a grupos críticos de AMLO entre 2020 y 2024

Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, un grupo de empresarios mexicanos de alto perfil destinó cientos de millones de pesos a organizaciones civiles y centros de análisis que han mantenido una postura crítica frente a la administración federal. El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) jugó un papel clave en este financiamiento, articulando el apoyo económico a diversas agrupaciones.

Entre 2020 y 2024, el CMN —que agrupa a empresarios como Emilio Azcárraga Jean, Germán Larrea y Antonio del Valle— canalizó alrededor de 679 millones de pesos a organizaciones consideradas parte de la sociedad civil. Esta inversión coincidió con momentos políticamente sensibles, como las discusiones sobre las reformas al Poder Judicial y el proceso electoral de 2024.

Destacan entre los beneficiarios instituciones como el IMCO, México Evalúa, Signos Vitales y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Esta última fue impulsada por Claudio X. González Guajardo, una figura clave en la conformación de la coalición opositora conformada por el PRI, PAN y PRD.

Por ejemplo, el IMCO recibió más de 98 millones de pesos en cinco años, lo que refuerza su capacidad para generar análisis técnicos que han criticado fuertemente la estrategia energética del actual gobierno. A su vez, Signos Vitales obtuvo financiamiento por 4.5 millones de pesos entre 2023 y 2024, manteniendo una línea crítica frente a la política pública, respaldada por voces como la de María Amparo Casar y Julio Frenk, ambos reconocidos por su oposición al enfoque oficial en temas como salud y transparencia.

También hubo recursos destinados al Consejo de la Comunicación y al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que recibieron 166 y 12 millones de pesos, respectivamente, confirmando el interés del sector privado por participar activamente en la construcción de narrativas públicas.

La influencia no se limitó a territorio nacional. Parte del financiamiento fluyó hacia organizaciones estadounidenses, incluyendo think tanks vinculados a entidades como el Departamento de Estado de EE.UU.. Uno de los casos más notorios fue el de The Brookings Institution, que recibió más de 19 millones de pesos entre 2021 y 2023. Esta organización ha difundido estudios que advierten sobre riesgos democráticos asociados a las reformas impulsadas por la 4T, como el llamado Plan B electoral.

Si bien el financiamiento de estas instituciones no es ilegal, la coincidencia entre el destino de los fondos, el calendario político y la naturaleza crítica del discurso de los grupos beneficiados, evidencia una estrategia empresarial para influir en la agenda pública y consolidar una oposición articulada al proyecto de López Obrador.