
EE.UU. planea nueva barrera flotante en el río Bravo, a pesar de las críticas y los tratados internacionales
La construcción de una nueva barrera flotante podría violar acuerdos internacionales y exacerbar la crisis humanitaria en la frontera entre México y EE.UU.
El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado la construcción de una nueva “barrera flotante” en el río Bravo, en la frontera con México, específicamente en el estado de Tamaulipas. Esta medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tiene como objetivo replicar la controversial “barrera acuática” que el estado de Texas comenzó a instalar en 2023.
El proyecto, que ha sido denominado oficialmente como una “barrera transportada por el agua”, se adjudicará a finales del año fiscal 2025. Los fondos necesarios para la obra provienen de recursos asignados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) desde 2021. Este anuncio representa la sexta exención firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien ha autorizado obras fronterizas bajo el argumento de que son necesarias por motivos de seguridad nacional.
Según el DHS, la principal razón para la construcción de esta nueva infraestructura es cerrar una brecha de capacidad en las vías fluviales del suroeste de Estados Unidos, zonas que, según el gobierno estadounidense, son utilizadas para actividades ilegales como el contrabando de drogas y la trata de personas.
El antecedente más cercano a esta decisión se remonta al 7 de julio de 2023, cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó la instalación de una barrera flotante en Eagle Pass, Texas, en la zona fronteriza con Piedras Negras, Coahuila. Esta construcción fue denunciada por el gobierno mexicano como una violación del Tratado de Aguas Internacionales de 1944, específicamente su artículo 17, que impide las obstrucciones al libre cauce de los ríos internacionales.
Aunque la administración de Joe Biden se distanció del proyecto de Texas y presentó una demanda federal contra el estado, alegando que la barrera violaba normas federales sobre vías fluviales navegables, la polémica aumentó cuando el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó el hallazgo de dos cuerpos el 3 de agosto de 2023 en el área de las boyas instaladas en el río.
Este nuevo anuncio sobre la barrera flotante ocurre en un contexto de creciente militarización de la frontera sur estadounidense. Desde 2024, las autoridades han desplegado señales de advertencia en zonas desérticas de Nuevo México y el oeste de Texas, estableciendo áreas restringidas y dando facultades a las fuerzas armadas para detener a personas que intenten ingresar de forma no autorizada. Esta medida ha sido legalmente cuestionada por eludir la prohibición de que las fuerzas armadas apliquen leyes civiles.
Hasta el momento, el Gobierno mexicano no ha emitido una postura oficial sobre la nueva barrera flotante, pero se espera que, como ocurrió el año pasado, se tomen acciones diplomáticas para exigir el respeto a la soberanía fluvial de México. Las autoridades podrían considerar que esta nueva obra afectaría el flujo natural del río Bravo y que implicaría riesgos humanitarios adicionales en la región.
