Presidenta Sheinbaum cuestiona revisión tardía del INE a magistraturas

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su inconformidad con el Instituto Nacional Electoral (INE) por haber iniciado la revisión de perfiles judiciales hasta después de celebradas las elecciones del 1 de junio, lo que, a su juicio, contradice tanto el sentido común como las obligaciones institucionales del organismo electoral.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que esta revisión tardía, que involucra a 46 personas electas que han sido declaradas inelegibles, debió haberse realizado con anticipación. Según su perspectiva, hubo advertencias previas sobre la existencia de irregularidades en algunas candidaturas, las cuales no fueron atendidas oportunamente por el INE ni por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Uno de los casos que ha provocado mayor controversia es el de Héctor Ulises Orduña Hernández, electo como juez federal en Veracruz, a pesar de encontrarse bajo prisión preventiva por un presunto delito de abuso sexual infantil. Para Sheinbaum, estos casos, aunque representan una proporción mínima del total (0.03%), revelan fallas graves en los filtros institucionales que deberían haber garantizado la idoneidad de los aspirantes.

El tema cobró aún más fuerza tras la decisión del Consejo General del INE, emitida el jueves, de anular 24 candidaturas ganadoras a magistraturas, al comprobar que no cumplían con los requisitos académicos mínimos exigidos, como promedios de 8 en licenciatura y 9 en la especialidad.

Este proceso implicó una revisión exhaustiva de más de 55 mil materias por parte de 125 abogados y abogadas de la Dirección de Asuntos Jurídicos del INE, quienes evaluaron 847 expedientes individualizados. A pesar del esfuerzo técnico desplegado, la presidenta consideró que la acción llegó tarde y representa un error de procedimiento institucional.

Finalmente, Sheinbaum hizo un llamado a las autoridades electorales para que fortalezcan los controles previos en futuras elecciones, de modo que se garantice que quienes acceden a cargos en el Poder Judicial cumplan con los estándares éticos y profesionales requeridos.